El gobierno del estado de Veracruz es bastante reacio a realizar licitaciones para las compras que le corresponden.
Esto les permite realizar adjudicaciones directas millonarias a personas y empresas, incluso presuntamente ligadas al PAN.
Un caso más que llamativo corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, la cual entregó a Francisco Medina de la Cruz un contrato de casi 36 millones de pesos para la compra de “Servicios Especializados, dispositivos móviles para el programa Veracruz Sonríe”.
De entrada el programa “Veracruz Sonríe”, no existe.
Lo más cercano que existe al mismo es el programa “Boca sonríe”, del municipio de Boca del Río, que llevaba –precisamente- la hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Indira Rosales.
Si ese programa no existe, ¿para qué se hizo esa compra?.
En diciembre hubo señalamientos de que el programa “Boca Sonríe” era usado con fines partidistas, situación que negó su entonces titular Humberto Alonso Morelli, quien dejó la diputación federal para ocupar un humilde puesto en el ayuntamiento.
Pero no, lo de Humberto Morelli fue plan con maña, porque ahora es el candidato a la presidencia municipal de Boca del Río.
Y conoce todo el padrón de beneficiarios de “Boca Sonríe” y puede acudir a los mismos a pedirles el voto.
¿Acaso la similitud de nombre implicaba también igualdad de intenciones?.
Pues bien para este programa inexistente es que le dieron el contrato a Francisco Medina de la Cruz.
¿Quién es Francisco Medina de la Cruz?.
Francisco Medina de la Cruz estuvo involucrado en la venta de una base de datos que contenía información de 58 millones de ciudadanos mexicanos a la empresa Choice Point, en 2003.
La base de datos se integró presuntamente con información del Registro Nacional de Pobladores, sustancialmente, el gobierno del entonces Distrito Federal, el IMSS, y de licencias de manejo, y contenía información de fechas de nacimiento, sexo, apellido paterno y materno, dirección, estado, municipio, localidad y registro federal de contribuyentes.
El principal inculpado del caso, Juan López Bedolla, trabajaba como técnico en “Vanguardia en Informática”, donde el director era Francisco Medina de la Cruz, empresa donde se integró la mayor parte de la información vendida.
Francisco tiene los mismos apellidos que el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, indiciado por diversos delitos referentes a ese cargo.
Francisco Medina negó su participación y la de la empresa en el ilícito.
La empresa “Vanguardia en Informática” desapareció posteriormente y hoy Medina de la Cruz aparece como representante de “D&P México servicios digitales S.A. de C.V.”, a la cual el 26 de diciembre (apenas a unos días de iniciado el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares) se le entregó un contrato en “adjudicación directa”, el 26 de diciembre del 2016 por la cantidad de 35 millones 826 mil 402 pesos con 80 centavos.
No hubo licitación ni concurso alguno.
El objeto de la compra son “Servicios Especializados, dispositivos móviles para el programa Veracruz Sonríe”.
¿Qué clase de “servicios especializados”?. ¿Alguna base de datos?.
Bueno, si la compra nada más fue de “dispositivos móviles” a un precio de 10,000 pesos por aparato, alcanza para comprar 3 mil 582 aparatos.
Si el costo promedio por aparato es de 5,000 pesos, alcanza para 7,165.
Ahora que si son tabletas de a mil pesos, como las que a veces han regalado algunos candidatos, son 35 mil 826 equipos.
Lo que sea, el asunto es ¿dónde están esos aparatos?, ¿en qué se están usando?.
¿Humberto Morelli tendrá alguna idea de que ocurrió?.
Pero esa no fue la única adjudicación directa que hicieron el 26 de diciembre de 2016, si no que realizaron otras más, y a todas las pusieron “por excepción de ley”, un terminajo inexistente y que fundamento –supuestmaente- todas las excepciones que puedan encontrar en la Ley de Adquisiciones del estado de Veracruz.
También entregaron en ese mes, cuando supuestamente menos dinero había, 6 millones 210 mil 772 pesos a Ismael Tecuapacho Texis, de Tlaxcala (Roitsoft soluciones en desarrollo de software Sde R.L. de C.V.), que supuestamente también realizó múltiples ventas al gobierno de Puebla.
La compra directa fue de software, para “Adquisición de sistemas para la operación de programas sociales”.
¿Qué clase de sistemas habrán sido?.
También está la compra directa el mismo 26 de diciembre, de vales de gasolina por 1 millón 415 mil 499 pesos a la empresa Efectivale. 141 mil 550 litros.
Para llenar el tanque de un automóvil 3,539 veces.
¿Tendrán tantos vehículos?, ¿para cuánto tiempo la habrán comprado?.
Ese mismo día, también por adjudicación directa y por “excepción de ley”, le compraron a una empresa dedicada al ramo de la construcción, C.I. del Golfo, representada por Jorge Eduardo González Jiménez.
¿Acaso no había ninguna empresa distribuidora de equipos de cómputo que tuviera los equipos que una empresa constructora les vendió?.
Esto es una muestra de las prácticas de compra dirigida que tiene el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
CONGRESO, NO DESTITUYE AL FISCAL, PERO SI LO AMENAZA. El Congreso del estado de Veracruz no destituyó al Fiscal Jorge Winckler, como habían anunciado, pero si lo amenazaron.
Es más hasta lo hicieron modificando la Constitución de Veracruz.
El articulo 67 inciso D ahora dice:
“El fiscal general será designado y removido por el Congreso del Estado mediante el siguiente procedimiento…
El Fiscal General podrá ser removido por el Congreso por las causas graves que establezca la ley, y por el mismo procedimiento de votación establecido para su designación”.
Ahora para que se designe al Fiscal primero se hará una convocatoria y de los que se presenten se formará una terna, y de esa designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes cuando se haga la votación.
El gobernador ya no intervendrá en el proceso.
Vale la pena un reconocimiento a quienes promovieron la iniciativa, sean del partido que sean.
Ojalá y que el nuevo procedimiento ayude a tener un mejor fiscal la próxima vez.
Por cierto, ¿cuándo se va Winckler?. |
