Finalmente se ha reconocido el problema que representa la elevada deuda pública y el creciente costo financiero, como presiones de gasto sobre el presupuesto federal. Sin afanes reiterativos, la deuda pública cerrará este año en el orden de 10 billones de pesos y el costo financiero del presupuesto en 2017 que rondó alrededor de 600 mil millones de pesos y para 2018 fue programado en aproximadamente 640 mil millones.  Así, el incremento de la deuda pública y el costo financiero del presupuesto han tenido un crecimiento superior al del PIB y al presupuesto federal anual.

La deuda y el costo financiero, se ha dicho en este medio, subirán principalmente en la medida que aumenten las tasas de interés, tanto las internacionales como las nacionales, y el dólar se aprecie frente al peso.  Dinámica que se sabe seguirá al alza, frente al resultado de la renegociación del TLC y la posible pérdida de crecimiento económico. Por lo que presupuestalmente el espacio de gasto federal en los próximos años se verá reducido al aumentar relativa y absolutamente el presupuesto no programable, es decir, el que directamente está comprometido, haciendo caer el presupuesto programable, que es el de “libre disposición federal” por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Frente a la dinámica observada de deuda y las previsiones de costo financiero todo deja indicar que desde el pasado mediato el poder ejecutivo y los altos funcionarios hacendarios asumieron una complacencia sobre el creciente gasto público y su financiamiento con mayor deuda.  La voracidad presupuestal significó un creciente gasto público federal, teniendo como invitados a los otros poderes de la unión, organismos autónomos, partidos políticos, gobiernos locales y relativamente a parte del sector privado.

El presupuesto programable privilegió el gasto corriente sobre la inversión; generando un efecto multiplicador casi nulo sobre la economía, esto significa que agrega productivamente el gasto público al conjunto de la economía.  Al mismo tiempo, el crecimiento de la deuda pública significó una restricción de recursos disponibles para financiar al sector privado y social reduciendo su capacidad de nuevos proyectos y actividades productivas.

Hoy toca a la nueva administración federal pagar las consecuencias de la complacencia de gasto público y deuda que los funcionarios hacendarios asumieron desde 2000, en una situación de previsión de casi 700 mil millones de costo financiero presupuestal para 2019.  Pero también le toca cumplir con los compromisos de la campaña política, que desde entonces razonablemente se antojaban inconmensurables.

Las burocracias normalmente asumen al presupuesto público como la panacea que permite resolver casi todos los males sociales y que puede ser el eje del financiamiento de todo tipo de proyecto.  Aún más, buena parte de los llamados “proyectos productivos rentables” del sector privado y social atendidos gubernamentalmente son financiados a “fondos perdidos” con el presupuesto público federal.

En esta esfera de “fondos perdidos”, especialmente del sector agropecuario, se consideran hasta grandes proyectos privados bajo el pretexto de ser innovadores y de gran impacto para la economía nacional y regional.  El hecho de no recuperar, aun parcialmente, los subsidios encubiertos de apoyos a proyectos rentables, no puede ni debe continuar por simple y elemental racionalidad económica y financiera.  So pena que continuar aumentando el gasto, la deuda y el desperdicio de recursos públicos.

La economía nacional está sub-financiada, como lo están los “proyectos productivos” que pretende presupuestalmente impulsar el gobierno.  El presupuesto público tiene una racionalidad social y económica.  La primera es atender las necesidades básicas de la sociedad, para aquellos que con sus ingresos no pueden hacerlo.  La segunda, es que el presupuesto público es finito y debe ser utilizado para apoyar a los productores de subsistencia e impulsar proyectos productivos, actividades económicas y regiones estratégicas.

Los burócratas hacendarios deben pensar más allá de la caja presupuestal convencional y rebasar la simple visión contable del debe y el haber, del meramente gastar, para entrar en este siglo en la esfera financiera y poder reproducir los pesos y los panes.  Para ello cuentan con la banca de desarrollo y los fondos de fomento, que hasta hoy son como zombis que generan la seducción de ser sepultados sin autopsia y hacer caer al gobierno, una vez más, en la tentación voraz presupuestal.  Ojalá y todo sea para bien de todos, al menos de la mayoría.