Ahora es cuando el gobierno de la 4T debe dar un golpe de autoridad y demostrar que, efectivamente, la transformación del país no es solo publicidad política.

Este miércoles, desde los Estados Unidos saltó la liebre. Y no fue un misil como los que tiraron en Irán, pero sí cimbraron al sistema financiero mexicano y han puesto una prueba más para demostrar que la cooperación entre los dos países es una realidad y que este gobierno está dispuesto, como se ve lo está haciendo en materia de Seguridad y combate al crimen organizado, a limpiar la corrupción en los bancos y casas de bolsa.

El señalamiento fue puntual desde Estados Unidos de que CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., con sede en México; están involucradas con el lavado de dinero y por lo que el Departamento del Tesoro emitió órdenes contra esas instituciones por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.

Sin embargo, por lo que se ve hasta la hora, México no está dispuesto a destapar viejas prácticas y cloacas cuando se trata de los dueños del dinero. 

El tema está por demás caliente puesto que de actuar el Gobierno mexicano en concordancia con los Estados Unidos, se estarían tocando los intereses nada más y nada menos de personajes como el empresario Alfonso Romo, propietario de Vector, quien en el sexenio pasado jugó un papel sobresaliente en la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. 

Sin embargo, por la inmediata respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se ve que en México estén dispuestos a tocar esos grandes intereses económicos y por qué no decirlo, políticos.

La respuesta de México en resumen fue: “Necesitamos pruebas más contundentes”. En un comunicado, Hacienda apuntó que de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas se actuará con todo el peso de la ley.

Sin duda que esta será la prueba de fuego para Claudia Sheinbaum y el gobierno de la 4T.

¡Nombres… nombres! De los integrantes de la Junta de Gobierno de la UV que pasarán a la historia en la ignominia

Si algunos, o intereses creados, buscan acabar con el único medio accesible y de calidad para que veracruzanos y estudiantes de bajos recursos no tengan que salir a estados vecinos a hacer su instrucción universitaria… lo están logrando y más rápido que en lo que canta el gallo.

De no ser por la existencia de la UV, miles de profesionistas no hubieran podido estudiar una carrera universitaria.

¿Qué persigue la Junta de Gobierno? ¿A quién obedece?¿Qué recibirán por su voto a favor de la prórroga otorgada a Martín Aguilar? La Junta de Gobierno no es un ente amorfo, se recuerda que sus integrantes tienen nombre y apellido:

Juan Manuel Pinos Rodríguez y Diana Folger Pérez Staples, como presidente y secretaria, respectivamente;

Ernesto Isunza Vera; José de Jesús Franco López; María Adela Monreal Gómez; Héctor Vázquez Leal; y Alan Jesús Morgado Bustos.

En la decisión de otorgar la prórroga a Martín Aguilar ya no aparecen las firmas de las doctoras María Angélica Buendía Espinosa y Haydee Zizumbo Ramírez, porque dignamente renunciaron antes de prestarse a tal escándalo actual de la Universidad y en el Estado de Veracruz.

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