De acuerdo a un reportaje publicado ayer por la revista PROCESO, desde 2019, el estado de Veracruz ha acumulado más de 5 mil 200 carpetas de investigación por extorsión, con un incremento sostenido de casi 40%, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El número de denuncias pasó de 794 en 2019 a un récord de 938 en 2024. Tan solo entre enero y mayo de 2025 ya se han reportado 364 casos, lo que hace prever que el año podría cerrar con una nueva cifra histórica.
El caso más reciente que refleja la gravedad de este fenómeno fue el asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo, cuyo cuerpo fue hallado tras su desaparición.
El anterior no es un hecho aislado. En abril pasado, el empresario Daniel N., dueño del bar Jalisquito en Minatitlán -al sur de Veracruz-, atropelló a dos presuntos extorsionadores tras recibir amenazas constantes y haber dejado de pagar las cuotas semanales. “Cada semana querían más. No saben lo que cuesta operar un bar”, declaró. Poco después cerró el establecimiento, temiendo por su vida.
Ese mismo mes, el bar Wichis, en Xalapa, la capital del estado, sufrió un segundo ataque armado desde un vehículo, generando pánico entre los clientes. En el sur del estado, los negocios enfrentan una situación similar: bares y restaurantes han sido blanco de ataques con bombas molotov. El más reciente ocurrió el pasado sábado 26 de julio, cuando el bar “El Descanso” en Coatzacoalcos fue incendiado con artefactos caseros. Según el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, muchos empresarios prefieren pagar o cerrar antes que denunciar, y algunas empresas llegan a desembolsar hasta 120 mil pesos anuales por “derecho de piso”.
Renato Riveroll Rivera, director del Observatorio, indicó que ya se presentó una propuesta formal a la Secretaría de Seguridad Pública del estado para crear una unidad antiextorsión. Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle anunció que un grupo especial de la Fiscalía General de la República (FGR) y de Inteligencia Nacional realiza operativos para desarticular a organizaciones criminales dedicadas al secuestro y la extorsión.
Coparmex aporta cifras sobre este delito
Juan Carlos Díaz Morante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región Xalapa, advirtió que empresarios con establecimientos en municipios como Xalapa, Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos han reportado un incremento en los casos de extorsión, los cuales incluyen mensajes intimidatorios, cobro de piso y amenazas directas. Ante este panorama, señaló que muchos propietarios han optado por cerrar sus negocios como medida de protección.
“Hay que establecer penas más severas para estos delincuentes. Muchas veces llegan a las Fiscalías, pero si no existe una ley estricta, salen en libertad, o incluso ni siquiera son perseguidos como debería ser”, puntualizó.
De acuerdo con la encuesta Data Coparmex, dos de cada tres empresarios en el país han sido víctimas de algún tipo de extorsión. Esto representa más del 54% del sector. Por ello, Díaz Morante insistió en que los legisladores deben dejar de lado iniciativas sin impacto real y centrarse en castigar con mayor contundencia delitos que están afectando directamente a empresarios y ciudadanos por igual.
Tras el asesinato de la maestra y taxista Irma Hernández Cruz, el gobierno federal anunció que el caso se investiga como una disputa entre grupos delictivos por el cobro de cuotas o extorsión. Sin embargo, el incremento de este delito en Veracruz ya estaba en la mira de las autoridades federales desde meses atrás.
Veracruz fue incluido en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch hace unas semanas , quien ubicó a la entidad como el quinto estado con mayor número de carpetas de investigación por este delito, solo por debajo del Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Ciudad de México.
Desde octubre de 2024, en Veracruz se han abierto 585 carpetas por extorsión. Las cifras anuales muestran un crecimiento sostenido en el delito: 714 casos en 2020, 744 en 2021, 834 en 2022 y 881 en 2023. Tan solo entre enero y mayo de 2025 ya se han contabilizado 364 casos.
Ante este panorama, tanto el gobierno federal, como el estatal han impulsado diversas estrategias y reformas. La estrategia nacional contempla la creación de unidades especializadas en las entidades federativas, protocolos de atención a víctimas, capacitación de operadores del número 089 para manejo de crisis, campañas preventivas, participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas vinculadas, bloqueo judicial de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar y operativos sorpresa en centros penitenciarios para confiscar teléfonos móviles.
En el ámbito estatal, la gobernadora Rocío Nahle García propuso reformar el Código Penal de Veracruz para aumentar las penas por extorsión. Confió en que esta medida podría reducir la incidencia, tal como ocurrió con el delito de secuestro. “Desde nuestro particular punto de vista, tiene que ser igual. Se tiene que aumentar la pena de extorsión, hay que irnos con la mano dura”, afirmó.
Fiscalía rechaza recomendaciones de la CEDH
Durante el primer semestre del año, se han rechazado 13 de las 53 recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido en Veracruz. Se trata de recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y varios ayuntamientos, por casos que van desde detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, falta de atención en casos de violencia o falta de diligencia en las investigaciones por personas desaparecidas.
En este contexto, la Fiscalía General del Estado es la institución que más ha rechazado recomendaciones, con un total de cinco, lo que representa una constante observada desde hace varios años.
Entre los casos más graves se encuentra el rechazo a la recomendación relacionada con el trato indigno a los restos de las víctimas del evento delictivo masivo ocurrido en el establecimiento “Caballo Blanco”, en Coatzacoalcos, así como la victimización secundaria de sus familiares por parte de personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía con sede en Cosoleacaque.
Asimismo, otra de las recomendaciones rechazadas por la Fiscalía estatal corresponde a la falta de debida diligencia en la atención a una mujer víctima de violencia familiar, lo que derivó en la violación de sus derechos a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y legalidad.
De acuerdo con el expediente CEDHV/2VG/ORI/0060/2023, la víctima denunció agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja en el municipio de Orizaba. Sin embargo, la fiscal adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) no inició la carpeta de investigación ni emitió medidas de protección de manera oportuna, a pesar de que la mujer presentaba lesiones visibles y se encontraba en situación de riesgo.
Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) emitió la Recomendación 11/2025, también dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE), por la falta de debida diligencia y la dilación en la investigación de un caso de desaparición forzada ocurrido en el municipio de Acayucan en abril de 2020.
Se documentaron omisiones en el deber de investigar con debida diligencia la desaparición de una persona, así como la detención arbitraria y actos de tortura física, psicológica y sexual cometidos contra tres personas por parte de elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado durante su detención.
En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), esta dependencia también ha rechazado recomendaciones. Una de ellas es la Recomendación 06/2025, emitida por la CEDHV, por la detención arbitraria de un ciudadano en el municipio de Coatzintla en noviembre de 2021, así como por la violación a su derecho a la seguridad jurídica. Otra recomendación rechazada está relacionada con afectaciones a la integridad personal.
Respecto a los gobiernos municipales, los ayuntamientos de Papantla, Cosamaloapan y Veracruz también figuran entre las instituciones que han rechazado recomendaciones. En algunos casos, el motivo ha sido el incumplimiento de sentencias de laudos laborales.
En el caso del ayuntamiento de Papantla, la CEDHV emitió la Recomendación 07/2025, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública, por el uso excesivo de la fuerza contra un adolescente de 14 años durante una detención ocurrida en la colonia Rafael Alvarado del municipio de Orizaba en agosto de 2021.
Finalmente, también se registró el rechazo de una recomendación dirigida a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz por el incumplimiento en el pago de sentencias derivadas de laudos laborales.
REFLEXIÓN
"Tiene que caer un pez gordo sí o sí porque esto ya es un cochinero y ya no es suficiente agarrar a Bermúdez", opina Chumel Torres sobre caso Adán Augusto; "Se están cayendo todos los naipes, ya están deslindando muchos pro 4T”, agrega. Escríbanos a mrosssete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
