La diferencia entre los gobiernos del PRI y el PAN frente a Morena, es que antes algunos de los funcionarios del más alto nivel se confabulaban con la delincuencia organizada, aceptando sobornos millonarios; ahora, a los más altos funcionarios el soborno les parecía poco y se convirtieron en los jefes de los cárteles.
Antes como ahora, los presidentes estaban al tanto, por más que Calderón, Peña o López Obrador insistan en negarlo.
Si se destapó la cloaca de la delincuencia pactada durante el gobierno de López Obrador no fue por una decisión de la Presidenta Sheinbaum, sino consecuencia de la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos, quien tiene más que documentada la complicidad entre el gobierno morenista y la delincuencia organizada, prácticamente en todos los niveles, en todo el país.
El gobierno de Estados Unidos demostró lo que muchos sabían –por supuesto López Obrador-, lo que muchos medios exhibieron, pero que negaban de manera sistemática e hipócrita.
¿Alguien cree que el ex presidente ignoraba en lo que andaban metidos Adán Augusto, José Rafael Ojeda o Alfonso Romo? ¿También lo ignoraba Claudia Sheinbuam antes de que EU le compartiera los expedientes y obligara al gobierno mexicano a actuar en consecuencia?
“Tres sillas del gabinete de Seguridad de López Obrador eran del crimen organizado: su secretario de Gobernación de la mano del cártel de La Barredora, su secretario de Marina auspiciando la red de huachicol fiscal de sus sobrinos y su Jefe de Oficina de Presidencia lavando dinero del cártel Jalisco Nueva Generación en su casa de bolsa”, escribió el periodista Carlos Loret de Mola, el peor adversario del régimen por ser el más objetivio y profesional.
Si el Secretario de Gobernación, el Secretario de Marina y el Jefe de la Oficina de la Presidencia participaban a través de terceros en actividades vinculadas a la delincuencia organizada, entonces se trataba de un narco gobierno. Les guste o no les guste, como suelen repetir los morenistas.
Los casos son públicos. El primero en conocerse fue precisamente el de Alfonso Romo y Vector, su Casa de Bolsa. A raíz de ahí, la pista del dinero ha llevado a los otros dos personajes.
Pero, ¿qué sucedió en las cómplices narices del presidente López Obrador cuando decía que “todos los negocios jugosos que se hacían, llevaban visto bueno del presidente”? No mentía.
En el caso de Alfonso Romo, resulta que la Administración Trump acusó que la casa de bolsa sirvió de vehículo al cartel de El Chapo para blanquear dinero, comprar precursores de fentanilo y pagar sobornos a ¡¡García Luna!!
El Gobierno de Estados Unidos hizo públicos indicios de que la casa de bolsa Vector ha colaborado de manera “consistente” con el Cartel de Sinaloa, en un nuevo golpe que refuerza el objetivo de la Administración de Donald Trump de atacar a los carteles de la droga, presionando al gobierno de Sheinbaum para ello.
En junio pasado, la Bolsa de Valores anunció la intervención de Vector Casa de Bolsa ante acusación de presunto lavado de dinero.
El tsunami en el que están envueltos los ex secretarios de gobernación, Adán Augusto López, y de Marina, el veracruzano José Rafael Ojeda, nomás no amaina. Ambos podrían ser los corderos para calmar las presiones de Estados Unidos y, al mismo tiempo, salvar la crisis al interior de Morena y el círculo más íntimo del presidente López Obrador.
De acuerdo con la carpeta de investigación FqED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025 que la Fiscalía General de la República (FGR), la barredora llegó a Tabasco en 2018 de la mano de López Obrador y Adán Augusto López.
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, creó en diciembre de 2018 la organización criminal Pelón de Playa, que después se convirtió en La Barredora; al mismo tiempo, Adán Augusto López arrancó su gobierno —el 31 de diciembre de ese mismo año— y en su toma de protesta lo acompañó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
El caso de la Marina es igual de grave. Los sobrinos del ex secretario de Marina, cabezas de la intrincada y principal red de huachicol en el país, actuaban desde antes de la llegada de Morena al poder, sin embargo, fue en este periodo cuando llegaron los años dorados de riqueza e impunidad.
Los dos sobrinos del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, ambos altos mandos de la SEMAR están acusados de delincuencia organizada, especialmente por el contrabando de combustible que metían a través del puerto de Tampico, Guaymas, Ensenada, Veracruz, Cancún y Lázaro Cárdenas.
Rafael Ojeda sabía de los negocios sucios de sus sobrinos. Incluso emprendió una cacería despiadada contra todo aquel que le resultara sospechoso de estar interrumpiendo las corruptelas de sus privilegiados familiares.
Pero nada de esto es obra de Claudia Sheinbaum ni de la Fiscalía General de la República, sino de la furia de los gringos. Lo peor –o lo mejor- aún está por venir.
Peligrosísima filtración de la carpeta de investigación
Jorge Triana, vocero del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó en 'Aristegui en Vivo' la filtración de la carpeta de investigación sobre la red de huachicol fiscal que involucra a marinos, empresarios y funcionarios de aduanas, y advirtió sobre las posibles consecuencias legales y políticas de revelar información confidencial.
Y en un artículo publicado en El Universal afirma: Se ha cruzado un umbral peligrosísimo: la filtración de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, aquella que documenta la operación de lo que quizá sea la red criminal y de complicidades políticas más grande en la historia del país, vinculada al huachicol fiscal, a la Marina y, en general, al gobierno de López Obrador. Que un caso de esta magnitud —con nexos en las Fuerzas Armadas, las aduanas y hasta con cárteles de la droga— quede expuesto, refleja la extraordinaria vulnerabilidad institucional que enfrentamos como país.
El expediente filtrado a medios de comunicación —512 fojas— (o sea los filtraron a varios medios no solo a Carlos Loret) detalla lo que la propia Fiscalía y el gobierno ya habían admitido de manera general: que la Marina se convirtió en epicentro de una red criminal que facilitaba el contrabando de combustibles, encabezada por los sobrinos del almirante Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio pasado. Gracias a la filtración, información que debía guardarse en estricta confidencialidad aparece respaldada con documentos, testimonios y nombres.
Triana advierte que la ley es clara: el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la reserva de las investigaciones, y el artículo 225 del Código Penal Federal tipifica como delito la revelación de información confidencial. Filtrar este expediente no solo viola la ley, también socava un principio fundamental del proceso penal: la secrecía procesal.
Lo grave es el silencio. La Fiscalía no ha desmentido ni confirmado nada: ni la filtración del documento ni la veracidad de su contenido. Y su mutismo abre la puerta a la sospecha: ¿será porque todo es cierto?
Lo que revela el expediente prohibido es demoledor: los hermanos Farías Laguna, sobrinos del almirante Ojeda, ratificados como jefes de la red; el testigo protegido “Santo” confesando sobornos millonarios entregados en cajas de perfume; la denuncia de tensiones internas entre Andy López Beltrán y Omar García Harfuch; y el papel del Capitán Sol, operador financiero que coordinaba aduanas, sobornos y el paso de buques cargados de hidrocarburos ilegales. También se documenta que un contralmirante, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, fue asesinado tras reunirse con el secretario de Marina para advertirle de la trama de corrupción.
Pero hay más. Se han exhibido los vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se menciona a la empresa Vector, de Alfonso Romo, como parte del esquema de lavado de dinero, y se revela que incluso se introdujeron armas de contrabando al país. También se ha señalado una reunión, a finales de 2021, entre Gonzalo “Bobby” López Beltrán, Amílcar Olán y Roberto Farías Laguna, vinculada a las operaciones de esta red.
Tampoco quedan fuera los actores cercanos al poder: el empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, amigo y patrocinador de Adán Augusto López, que controlaba el muelle 289 en Tampico; las empresas de la familia de Audomaro Martínez, jefe de inteligencia de López Obrador, que forman parte del entramado criminal; y los negocios del hijo del gobernador Alfonso Durazo con uno de los sobrinos del almirante Ojeda.
La gran incógnita es quién decidió filtrar un expediente que, además de documentar la enorme red de huachicol fiscal, expone la guerra interna en el grupo gobernante. ¿A quién conviene que esta información salga a la luz? ¿Quién mueve los hilos dentro de la Fiscalía para exhibir a marinos, empresarios, políticos y hasta a los hijos de López Obrador? Y, aún más grave, ¿por qué Claudia Sheinbaum guarda silencio frente a una filtración que vulnera la secrecía procesal y sacude los cimientos de su gobierno?
El espurio y repugnante Rector cobra la entrada a la USBI
Ha generado controversia una reciente decisión del rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar, en la que se ha implementado un cobro de 10 pesos por el acceso a las instalaciones de la Unidad Deportiva y de Servicios Bibliotecarios (USBI), como si fuera de su propiedad.
Este espacio, desde su creación, había sido de acceso gratuito para todos los usuarios. Es importante destacar que en días de alta actividad, cuando coinciden partidos de diferentes ligas deportivas, la USBI puede llegar a tener hasta 5 mil usuarios o más en un solo día.
El cobro de la entrada se aplica de manera uniforme a todos los individuos, sin distinción entre estudiantes, usuarios, visitantes o incluso empleados de la UV. Esta noticia ha circulado en redes sociales y ha generado debate entre la comunidad de Xalapa.
Además de espurio corrupto, ambicioso y abusivo.
A Alcaldesa de Colipa la purifica Ahued
La mañana de ayer le cuestionaron a la gobernadora del Estado de Veracruz, Rocío Nahle García, en su conferencia de prensa acerca la alcaldesa de Colipa y su aparición en rancho de dudosa procedencia.
La gobernadora le dio la palabra al secretario del gobierno Don Ricardo Ahued para que le explicara la situación.
Ricardo Ahued comentó que se reunió a puerta cerrada con la alcaldesa Colipa y que ella está bien, pero que había sido internada por una complicación de salud que tuvo, incluso menciona que su gobierno no tiene pacto con ninguna organización criminal y que va a caer el peso de la ley, a quien sea.
El secretario de gobierno no aclaro la pregunta que se le hizo sobre qué hacia la alcaldesa en ese Rancho que según se menciona el dueño, sería un hombre que pertenece a una organización criminal .
REFLEXIÓN
Un aire fresco entró por la venta y demostró que, la que manda, manda. LA JORNADA. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
