Como ha sucedido puntualmente desde que la maestra Delia González Cobos es la Auditoria General, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz entregó por quinta vez en tiempo y forma “los Informes Individuales y el General Ejecutivo de la Cuenta Pública”, esta vez correspondientes al ejercicio 2024.

Eso que se dice fácil implica que el Orfis auditó, revisó y evaluó el desempeño presupuestal y administrativo de 310 entes fiscalizables, entre los que están los 212 ayuntamientos, las oficinas del gabinete estatal y los órganos desconcentrados del Gobierno estatal.

Eso que se dice fácil significa también que desde el órgano fiscalizador se realizaron 1,369 auditorías en diez meses y que para conseguirlo al menos 400 funcionarios especializados realizaron un trabajo acucioso y monumental. En esos meses arduos, los auditores del Orfis recibieron, leyeron y cotejaron decenas de miles de documentos, recibos, facturas, estudios, explicaciones y reportes, y después volvieron a leerlos y cotejarlos para asegurar que las revisiones estuvieron bien hechas.

De esos escrutinios laboriosos resultaron observaciones para 41 entes del Gobierno estatal por 830 millones 868,023 pesos, para 174 ayuntamientos por 1,537 millones 550,416 pesos y para ocho entidades paramunicipales por 4 millones 449,156 pesos. La suma da un daño patrimonial observado por 2,372 millones 867,596 pesos.

Pero cuidado, porque se ha estado manejando esa cifra como si fuera el dinero robado por los funcionarios de la administración de Cuitláhuac García Jiménez durante el año pasado. Lo cierto es que los cuitlahuistas pudieron haberse embolsado muchos millones más, tal vez muchos miles de millones más, pero las

auditorías solamente reportan lo que tienen que reportar (y no reportan lo que no tienen que reportar, diría Gatell, el Doctor Muerte).

La función esencial del Orfis es vigilar que los recursos que recibieron las dependencias fueron aplicados debidamente, y observar lo que sus auditores encontraron sin que se solventara debidamente. Para quienes exigen que el Órgano meta de inmediato a la cárcel a los responsables del daño patrimonial, habría que precisarles que no es el Orfis sino la autoridad judicial la que debe intervenir a los funcionarios corruptos.

Debemos entonces señalar que las auditorías fueron realizadas de manera puntillosa, de modo que la ciudadanía pueda estar segura de que se investigó minuciosamente el gasto público, y asegurarse también de que quienes se fueron de la mano con los dineros públicos tendrán que devolver lo robado y serán castigados como corresponde.

Y ahí entra el prestigio, la capacidad y la honestidad profesional de la maestra Delia González Cobos.

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