Bien decía Lucano (poeta del imperio romano): “Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien”.
El debate ya se había dado antes, apenas se confirmó que Rocío Nahle gobernaría por seis años el estado de Veracruz. Es costumbre que se hizo norma, que quien llegue al Ejecutivo del Estado imponga a lo que se dio en llamar un fiscal “carnal”.
Ayer mismo en este mismo espacio se hizo el recuento de los titulares de la mal llamada “fiscalía autónoma”. Luis Ángel Bravo Contreras fue impuesto por Javier Duarte, Jorge Winckler por Miguel Ángel Yunes y Verónica Hernández por Cui… perdón, por Éric Cisneros, que era quien en realidad gobernaba en Veracruz.
Los dos primeros terminaron en la cárcel. Luis Ángel bravo recuperó su libertad, mientras que Jorge Winckler sigue su lucha.
Verónica Hernández no ha concluido su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero hay varios temas por los que se le pudieran iniciar procesos judiciales.
Entendiendo que la permanencia de Verónica Hernández e imposible, ¿quién podría y quién debería ser el próximo fiscal?
Quienes se ha promovido para ocupar dicho encargo (pagando a plumas que resalten sus “virtudes”) colocan como principal atributo su cercanía con la familia Peña-Nahle, por encima de su desempeño profesional.
No olvidemos que David Jiménez Rojas, actualmente subsecretario de Educación Media, juraba que ya tenía el aval de “la jefa”. Una vez en el actual cargo circuló un audio (él jura que fue IA) en el que se le escucha anticipar que llegará a la Fiscalía.
Quienes lo promueven sólo mencionan dos méritos: su “cercanía” con la gobernadora y el respaldo del actual delegado del Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín.
El aún alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica (concluye su gestión el 31 de diciembre) forma parte del llamado “grupo Coatzacoalcos”, esto es, actores políticos y servidores públicos que presumen una añeja relación con la gobernadora.
Para la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre este sería el Plan “C”. Intentó mantenerse en la presidencia del Poder Judicial del Estado, pero no le dieron los votos. Consiguió, por lo menos, seguir como magistrada, pero ahora despacha desde una Sala Penal. Antes de dejar la presidencia se dio sus mañas para acomodar a su equipo en posiciones estratégicas.
Así, quien fuera su secretario particular, David Cardeña Ortega (a quien le han iniciado al menos tres carpetas de investigación por abuso de autoridad y actos de corrupción) fue colocado en la Dirección Jurídica del Tribunal Superior de Justicia. Si “su jefa” llegara a la Fiscalía, él estaría muy cerca de un blindaje que le otorgue impunidad.
En el Órgano de Administración Judicial, la magistrada Jiménez Aguirre colocó a Alma Rosa Flores Ceballos (en la presidencia), a Antonio Sobrevilla Castillo y a Víctor Luis Priego López, sus “operadores” cuando estaba al frente del Poder Judicial.
En horas recientes se ha estado moviendo -una vez más- el juez José Clemente Zorrilla Rostro, quien ya jugó el papel de traidor, cuando Éric Cisneros se empeñó en quitar de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia a la fallecida Sofía Martínez Huesca.
Fue Zorrilla Rostro el instrumento para iniciar juicio político contra la magistrada. Y ya saben: quien traiciona una vez…
Desde la pasada administración, cuando se operó para retirar a Jorge Winckler de la Fiscalía, se mencionó con fuerza el nombre del abogado Tomás Mundo Arriasa, quien era bien visto por el gobernador, pero no estaba en el ánimo de quien tomaba las decisiones, Éric Cisneros.
Su capacidad nadie la cuestiona. Tomás Mundo sigue muy activo en el ejercicio de su profesión y mantiene su cruzada con el Proyecto Inocencia, para defender a tanto ciudadano que se encuentra injustamente en prisión.
Lo ideal, por supuesto, sería que quien llegara a la Fiscalía cumpliera con cuatro requisitos fundamentales: capacidad, experiencia, prestigio y actitud de servicio… a la sociedad.
El problema será encontrar a alguien con esas características que acepte asumir tal compromiso, sabedor de que está expuesto a la voluntad de la gobernadora. La reforma que fue aprobada la noche del pasado martes le da amplias facultades a la titular del Ejecutivo que, además, cuenta con un respaldo abrumador en el Congreso local.
¿Quién dice “yo”?
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Epílogo.
La noche del martes, durante la sesión ordinaria para discutir y votar el dictamen que reformaba diversos aspectos de la operación de la Fiscalía de Veracruz, la diputada Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, advirtió que lo aprobado no fortalece la justicia, sino al poder en turno. *** Elena Córdova explicó que el dictamen aprobado eliminó los requisitos que garantizaban independencia de la Fiscalía, redujo la exigencia de experiencia mínima, suprimió la convocatoria pública, así como el proceso de evaluación del Congreso y generó la posibilidad de una aprobación automática de la propuesta de la gobernadora mediante el silencio legislativo. *** “Se trata de un cheque en blanco y un cheque en blanco en manos del poder representa un retroceso democrático”, sentenció.
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