Hay símbolos que no se tocan. Y menos cuando pertenecen a la memoria colectiva de un pueblo que bastante ha tenido que batallar para conservar su identidad frente a gobiernos que confunden patrimonio con utilería política. La reciente entrega del primer libro del Registro Civil de México —el que contiene el acta de nacimiento de la hija de Benito Juárez— por parte de la gobernadora Rocío Nahle a la presidenta Claudia Sheinbaum, vuelve a poner sobre la mesa un viejo y grave problema: la ligereza con la que algunos funcionarios tratan documentos que son, ni más ni menos, que pedazos vivos de nuestra historia.

No se trata de una anécdota pintoresca. Se trata de un acto que, de confirmarse, violaría la Ley 71 de Veracruz, que protege el patrimonio documental del estado y establece, con toda claridad, que los archivos administrativos e históricos no son propiedad personal de ningún servidor público. Son bienes de la Nación, resguardados temporalmente por instituciones que están obligadas a preservarlos, no a obsequiarlos como souvenirs presidenciales.

La investigadora y académica Olivia Domínguez —quien conoce el Archivo Histórico como pocos, porque lo dirigió y lo estudió con rigor— lo dijo sin rodeos: la omisión es grave. Y tiene razón. Porque no es suficiente una fotografía sonriente ni un acto público para legitimar la transferencia de un documento que estuvo bajo custodia del Ayuntamiento de Veracruz hasta 2018, cuando pasó al resguardo del Gobierno del Estado. Esa transferencia debió quedar asentada en un instrumento jurídico que hoy, misteriosamente, nadie ha mostrado.

Que el libro haya terminado en manos del Gobierno Federal —suponiendo que efectivamente se formalizó ese movimiento— solo podría hacerse mediante aprobación de la Legislatura de Veracruz. Así lo manda la ley. No hay interpretación creativa posible. No hay espacio para la “discrecionalidad”. No hay justificación política que valga.

Durante décadas, ese primer libro estuvo expuesto en un capelo transparente dentro del edificio histórico de Juárez y Morelos. Era un símbolo del orgullo veracruzano: aquí nació la primera institución civil de México. Aquí empezó el registro moderno de las personas. Ese libro era —y es— una pieza fundacional del derecho a la identidad.

Por eso sorprende, y preocupa, la opacidad. ¿Dónde está el documento que acredita la cesión? ¿Quién autorizó la transferencia? ¿Bajo qué argumento legal se justificó que un bien documental —irreemplazable, único, insustituible— saliera del estado? ¿En qué momento dejamos de entender que la historia no se entrega, se preserva?

Los veracruzanos tienen derecho a exigir claridad. Y las autoridades tienen la obligación de responder, no con discursos, sino con documentos, fechas, firmas y procedimientos.

El patrimonio no se regala. No se improvisa. No se politiza. La historia pertenece al pueblo, no a los gobiernos de turno.

Y si todavía hay dudas, si aún hay silencios, si aún no aparecen los instrumentos legales que respalden este movimiento, entonces lo que procede no es la defensa burocrática ni el enojo oficial, sino la rectificación.

Porque lo verdaderamente imperdonable no sería haber entregado el libro, sino permitir que, en Veracruz, la memoria se trate como un accesorio más del poder.