En la política mexicana pocas cosas ocurren por accidente. Mientras en el ámbito federal la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afina el relevo del Fiscal General de la República —un movimiento que marcará el fin del largo y controvertido ciclo de Alejandro Gertz Manero y abrirá paso a la llegada de Ernestina Godoy—, en Veracruz se prepara un ajuste institucional paralelo que refleja sintonía, estrategia y, sobre todo, control político. La gobernadora Rocío Nahle García está lista para designar a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como nueva titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), un nombramiento que obedece a una lógica definida del poder y no al azar.

Para Sheinbaum, la llegada de Godoy no es solo un acto de reacomodo institucional: es el regreso de una dupla en la que confía plenamente. La presidenta no esconde el orgullo por el binomio Harfuch-Godoy, un tándem que, cuando ella gobernó la Ciudad de México, dio resultados concretos y medibles.

Vale recordar que Ernestina fue la fiscal capitalina y que, junto con Omar García Harfuch desde la Secretaría de Seguridad, lograron reducir de manera contundente los índices delictivos, expulsar a varios cárteles que buscaban operar en la capital y desarticular múltiples células criminales que se habían enquistado en distintas alcaldías. Sheinbaum sabe de lo que son capaces y apuesta a replicar ese modelo, ahora desde el ámbito nacional.

En paralelo, Nahle impulsa en Veracruz un perfil que encaja en la nueva arquitectura institucional que busca construir: institucional, profesional, conocedora del entramado legal y leal a su proyecto político. Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre no es una figura estridente. Su bajo perfil ha sido su sello y, a la vez, su mayor fortaleza dentro del círculo cercano de la mandataria estatal.

En tiempos donde la exposición desgasta y la confrontación gratuita se vuelve un lastre, la discreción se convierte en virtud. La futura fiscal ha demostrado disciplina, prudencia y una capacidad poco común para operar sin protagonismos. Ese estilo aporta estabilidad a una institución históricamente marcada por la politización y por disputas internas que, durante años, complicaron la procuración de justicia en Veracruz.

Quienes intentaron etiquetarla como cercana al impresentable defensor de la llamada “negritud jarocha” -él nada famoso Eric Patrocinio Cisneros Burgos- se quedaron sin argumentos. El tiempo puso las cosas en su sitio: Jiménez Aguirre no solo se deslindó en los hechos, sino que acreditó compromiso institucional y lealtad a la gobernadora.

Una lealtad entendida no como sumisión, sino como claridad de rumbo en un proyecto que necesita cohesión para enfrentar el reto mayor: pacificar al estado y fortalecer el orden jurídico.

Así como Sheinbaum busca recomponer la justicia a nivel nacional con una figura en la que confía plenamente, Nahle apuesta por un nombramiento que acompañe su proyecto con firmeza, carácter y técnica. No es coincidencia: ambas entienden que sin justicia no hay gobernabilidad, y sin gobernabilidad no hay transformación posible.

 Al tiempo.

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