Hay comparecencias que, más que ejercicios republicanos, parecen largas hojas de cálculo leídas con entusiasmo burocrático. Y la del coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz, Rodolfo Bouzas Medina, lamentablemente, cayó en esa categoría: abundante en números, escasa en explicaciones; prolija en producciones, reservada en resultados. Porque la pregunta central, la que realmente importa en una democracia, sigue sin respuesta: ¿La comunicación del gobierno sirve a la ciudadanía o solo al gobierno?

Según el informe presentado ante la Comisión de Gobernación de la LXVII Legislatura, jamás habíamos visto tanta hiperactividad institucional: más de dos mil eventos atendidos, mil seiscientas producciones, dos mil doscientos comunicados, ciento setenta y nueve millones de visualizaciones, doce visitas presidenciales, decenas de campañas, transmisiones y coberturas. Una auténtica avalancha de contenido oficial. Pero, como bien sabemos quiénes hemos recorrido redacciones por décadas, informar no es acumular publicaciones, sino comunicar con eficiencia, transparencia y sentido público.

El aparato estatal asegura haber avanzado hacia una “comunicación pública democrática, inclusiva y territorialmente pertinente”. Pero ese es precisamente el tipo de frase que debería demostrarse, no proclamarse. Por ejemplo, ¿cuánto de ese océano de materiales llegó realmente a comunidades rurales, pueblos originarios, zonas sin conectividad? ¿Cuánto se tradujo en comprensión ciudadana y no solo en métricas de redes sociales infladas por algoritmos?

Las cifras también presumen presencia internacional: FITUR, Londres y Nueva Orleans. Interesantes escenarios, sin duda. Pero mientras tanto, aquí en Veracruz, muchos medios locales sobreviven con precariedad y denuncian exclusión de conferencias, falta de acceso a información y un trato selectivo que contradice el discurso de inclusión.

No es menor que diputadas y diputados hayan tenido que preguntar sobre temas tan básicos como la eficacia del protocolo de información en emergencias,-como la de las inundaciones en el norte del estado que mucha población se quejó que nunca les advirtieron de lo que se venía- la medición de la imagen de la gobernadora, el supuesto cobro en RTV por difundir notas, la censura, los despidos y el uso de inteligencia artificial. Preguntas que surgen porque existe una percepción clara: algo no cuadra entre lo que se informa y lo que la gente ve, escucha o padece.

Durante la contingencia del 10 de octubre, la Coordinación afirma haber emitido “información oportuna y constante”. Pero la hemeroteca digital demostró que buena parte de la población se enteró más rápido por redes ciudadanas que por canales oficiales. En una emergencia, la velocidad salva vidas; la narrativa institucional llega después.

La transparencia no se mide por la cantidad de boletines, sino por la calidad de las respuestas. Si la comparecencia fuera un examen, Bouzas Medina llevó todas las tareas, menos la que más contaba: demostrar que la comunicación social es un puente con la ciudadanía, no un muro de propaganda bien diseñada.

Porque comunicar es rendir cuentas, explicar, escuchar. No solo difundir. Y mientras eso no se entienda, seguiremos teniendo comparecencias saturadas de datos… y vacías de significado.