El próximo Consejo Universitario General, convocado tras casi cuatro meses de inactividad, no llega en un clima de normalidad. Llega con tres amparos en curso, con recursos de queja promovidos por la propia Junta de Gobierno y con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no atraer los casos 370 y 389/2025. No porque el asunto carezca de importancia, sino porque el máximo tribunal optó por dejar firme el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito. Legalmente válido, sí; políticamente cuestionable, también.
Más aún cuando juristas de la talla de Marisol Luna Leal —exabogada general de la propia UV— advierten una resolución acelerada, resuelta en dos días y medio, cuando procesos similares suelen tomar meses. No se acusa ilegalidad, pero sí se subraya una prisa que, en temas de esta envergadura, despierta legítimas suspicacias. La justicia rápida puede ser virtud; la justicia apresurada, casi siempre es problema.
El fondo del asunto sigue intacto: los tribunales no han entrado al análisis de la constitucionalidad de la prórroga. Todo se mantiene en el terreno procesal, mientras en la universidad crece la sensación de que las decisiones se toman lejos de las aulas, los cubículos y los consejos técnicos. Y eso, en una institución pública, es una pésima noticia.
La Red por la Legalidad UV ha hecho lo que corresponde a la ciudadanía universitaria: observar, cuestionar y exigir que sus representantes en el Consejo actúen con criterio propio, no como comparsa ni oficialía de partes. El llamado es claro: representar a la comunidad, no a intereses particulares ni a lealtades administrativas.
Aquí no se trata de nombres ni de personas. Se trata de reglas. De procedimientos. De respeto a la normatividad interna y al espíritu democrático que debería regir a la máxima casa de estudios de Veracruz. La historia universitaria mexicana está llena de episodios donde el exceso de poder termina por erosionar instituciones que tardaron décadas en construirse.
El Consejo Universitario General tiene hoy una responsabilidad mayor que levantar la mano o guardar silencio. Tiene la obligación ética de deliberar, de preguntar, de dejar constancia. Callar, en este contexto, no es prudencia: es omisión. Y las omisiones también pesan en la historia.
La Universidad Veracruzana no merece una prórroga envuelta en litigios ni un liderazgo cuestionado desde su origen. Merece procesos claros, abiertos y legítimos. Merece autoridades fuertes por su respaldo comunitario, no por interpretaciones acomodaticias de la norma.
Al final, el problema no es jurídico. Es político y moral. Y ahí no hay tribunal que absuelva. La legitimidad no se decreta, se construye. Y la autonomía, conviene recordarlo, no se prorroga: se ejerce con responsabilidad o se pierde por abuso.
La comunidad universitaria observa. La sociedad también. Y la historia, siempre paciente, toma nota. |
