Conforme pasan los días, se hace más evidente que en el Poder Judicial del Estado tienen metida la mano y el pie diversos actores políticos que distan mucho de los ideales de la 4T y quien al parecer les habría abierto la puerta y los sentó a su mesa, ha sido la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández Hernández.

Apenas hace unos días no cayó nada bien en los círculos de la 4T que el diputado priista Héctor Yunes Landa apadrinara a la magistrada. Sin embargo, las cosas siguen enrareciéndose pues el principal asesor de la togada, el priista Félix Alfredo Niño Flores, habría sido puesto por Joana Bautista, la ex administradora del Poder Judicial, sobre quien pesan denuncias por desvío de recursos y otros temas varios decuando era la mandamás en el Tribunal. Ella, por cierto, al parecer ha obtenido amparos que la tienen más tranquila, pero los procesos siguen.

Y es que hay quienes aseguran que a pesar de que Joana fue inhabilitada por un periodo de diez años (que se cumplen en el año 2034), sigue moviendo hilos dentro del Poder Judicial.

Hay que recordar que Bautista Flores aparece en al menos cuatro denuncias penales por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado cometidos en 2023 y las denuncias están soportadas en una auditoría realizada por la Contraloría Interna del Poder Judicial que reveló la existencia de empresas no localizables que obtuvieron contratos por casi 50 millones de pesos.

La auditoría reveló más de 30 observaciones y recomendaciones que no pudieron ser solventadas. Las denuncias incluyen sustracción de mobiliario, robo específico, peculado y administración fraudulenta.

Entre las empresas detectadas se encuentran: Crisan Tecnologías Móviles, Proveeduría y Servicios Cafha, Casa Capacitación e Innovación Social, Alecasser Comercializadas, que obtuvieron contratos por más de 40 millones y eran empresas, en ese entonces, de reciente creación.

A estas denuncias se suma una observación de la Auditoría Superior de la Federación en 2021 por daño patrimonial de 82 millones de pesos en fondos federales.

Con estos antecedentes, cobra sentido la versión que desde hace unas semanas se dispersó entre las salas del Tribunal Superior de Justicia, acerca de que existe un plan orquestado desde la ciudad de México para que la magistrada Rosalba Hernández pueda “quitarle” al reciente Órgano de Administración Judicial el manejo de los recursos y preparar así el regreso de Joana Marlen, quien sigue apelando en tribunales su inhabilitación y que todavía tiene, según se comenta en los pasillos del Tribunal, aspiraciones de volver a servir a la 4T, por lo que la llegada de uno de sus alfiles, como es el caso de Alfredo Niño, enrarece la situación.   

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