Era marzo del presente año. Rocío Nahle conmemoraba sus primeros cien días al frente del gobierno de Veracruz y hablaba de sus compromisos con los veracruzanos.
“En infraestructura, esa era un área que requería atención inmediata. Lo primero que hicimos fue emitir un decreto para que en la Secretaría de Infraestructura y Obras, la SIOP, se concentren todas las obras de inversión: clínicas, escuelas, edificios, caminos, carreteras, y con ello lograr mejores resultados y un ahorro sustantivo en la planeación y el gasto”.
Cinco meses después, en agosto de este mismo año, la propia gobernadora anunciaba en sus redes sociales una “¡inversión histórica en carreteras!” (los signos de admiración son de ella). Daba a conocer que, con una inversión de más de 2,500 millones de pesos en infraestructura carretera, se rehabilitarían más de 900 kilómetros de tramos carreteros a lo largo de todo el estado.
“Es así como se trabaja en el segundo piso de esta cuarta transformación; fortaleciendo nuestras vías de comunicación, impulsando el desarrollo económico y mejorando la vida de miles de veracruzanas y veracruzanos en cada región del estado”, presumía.
Nada de eso sucedió. Hace 10 días, el 24 de noviembre, Rocío Nahle criticó la “burocracia” que domina en la SIOP y le advirtió a su titular, Leonardo Cornejo, que, en caso de que persistieran los retrasos, ella misma intervendría para resolverlos.
“Es administración interna, si en la administración interna no se ponen las pilas, voy a terminar prácticamente yo también metiendo la planeación y la ejecución desde mi oficina, pero de que se hace, se hace”.
Y, en efecto, los legisladores le reclamaron al titular de la SIOP que hasta el mes de noviembre apenas había ejercido el 20 por ciento del presupuesto destinado para este año en obras de infraestructura, lo que representa un subejercicio cercano a los 3,500 millones de pesos.
Este miércoles, en su comparecencia en el Congreso local, Rocío Nahle terminó admitiendo que lo que había prometido no se concretó, que lo que plasmo en el papel, no se llevó a los hechos.
“Soy consciente de que en este rubro tendré el próximo año que canalizar toda mi energía y atención”.
Y no, no es el único rubro en el que falló durante su primer año de gobierno. Hay muchos temas pendientes en materia de seguridad, de salud, de economía, de desarrollo agropecuario y en el manejo financiero del gobierno.
Destaca el tema de infraestructura porque, al menos en ese sí admitió que no fue capaz de cumplir lo prometido.
¿Removerá al titular? Difícilmente.
Le quedan cinco años. Tiempo suficiente para enmendar el camino.
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Epílogo.
Fue una falla recurrente en los seis años en los que Juan Javier Gómez Cazarín estuvo al frente de la Junta de coordinación Política (Jucopo): determinaciones del Poder Legislativo de Veracruz fueron revocadas en tribunales federales. ¿La razón? Esencialmente que no tuvieron un buen sustento jurídico. Ahora sucede algo similar. *** La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió de manera unánime revocar la resolución incidental dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), la que había considerado “cumplida” la sentencia que instruía al Congreso del Estado a expedir la ley reglamentaria para la revocación de mandato. *** La Sala Superior analizó el Juicio de la Ciudadanía 2504/2025 que promovió Eduardo de la Torre Jaramillo, quien impugnó que el TEV diese por cumplida la sentencia pese a que el Congreso local no ha aprobado la legislación solicitada. Este miércoles, la Sala Superior revisó el incidente resuelto por el tribunal local y determinó que no había cumplimiento real. *** A pesar de que el Congreso de Veracruz dio a conocer al Pleno y turnó el tema a la Junta de Coordinación Política, la ley de revocación de mandato sigue sin ser expedida. La insistencia en que se le diera entrada provocó el enojo de la gobernadora Rocío Nahle, quien advirtió: “yo estaré aquí los seis años, pésele a quien le pese”.
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