La Corte no debe prestarse a ser el brazo ejecutor del gobierno

Ha trascendido que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decida si se reactiva o no una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien desde hace años ha sido víctima de una persecución política que, a todas luces, pretenden continuar.

En diversas instancias judiciales, el exmandatario demostró —a través de los recursos legales correspondientes— que carecían de sustento probatorio las acusaciones en su contra, motivo por el cual se le concedió un amparo y se suspendió la orden de aprehensión.

Cabeza de Vaca ha sido señalado por distintos delitos que, hasta el momento, no han podido serle comprobados. Las disputas políticas con el gobierno federal se remontan a la administración de Andrés Manuel López Obrador, a quien el exgobernador enfrentó sin titubeos, asumiéndose como una firme oposición.

Tras el reciente destape del llamado “huachicol fiscal”, donde Francisco García Cabeza de Vaca denunció en su momento una red de corrupción en Tamaulipas ligada a políticos y empresarios, ahora el tema de la orden de aprehensión vuelve a la mesa. Retoman el asunto, ponen el dedo en la llaga y advierten con encarcelarlo.

Si la Corte aprueba una medida tan brutal, se estaría confirmando la persecución política y la manipulación del Poder Judicial al servicio del gobierno en turno. Esperemos que la Suprema Corte evalúe con responsabilidad los posibles escenarios antes de tomar una decisión que podría tener profundas repercusiones políticas.

En Tamaulipas, el exgobernador mantiene aún una influencia considerable y una estructura con alcance político inesperado. Francisco García Cabeza de Vaca tiene en su poder varios expedientes sobre actores políticos tamaulipecos que podrían salir a la luz si se endurece la persecución en su contra.

Ya les avisaré.